En setiembre del 2010 el Ministerio de Salud del Perú informó de una intoxicación masiva en el distrito de Balsapuerto después de un día de pesca utilizando el “barbasco” o “cube” (Lonchocarpus utilis) planta utilizada por las comunidades nativas para la pesca artesanal desde tiempos inmemoriales. El consumo de pescado de las aguas de quebradas aparentemente contaminadas con barbasco sería la que afectó a 38 personas, entre niños, adultos y ancianos, quienes tuvieron que ser atendidos en más de 12 centros de salud en zonas cercanas. La mayoría de los afectados fueron menores de edad, de los cuales murieron finalmente tres debido al difícil acceso de las brigadas de salud para llegar al lugar a tiempo. Fernando Fernández Rengifo, director de la Red de Salud de Alto Amazonas, señaló que los menores fallecieron poco después de llegar al centro de salud de Balsapuerto en estado grave. Indicó a la prensa así mismo, que “los niños habían sido tratados previamente por curanderos. Llegaron al centro de salud desde el último lunes pero estaban bastante delicados. Actualmente son 10 los atendidos por EDA (enfermedad diarreica aguda)”.
Por otro lado, el responsable del Herbario del Centro Nacional de Salud Intercultural del instituto Nacional de Salud (CENSI-INS) señaló que si bien en el Perú se usan muchas plantas que funcionan como el barbasco y que son de diferentes especies y familias, planteó como hipótesis que “las generaciones de hoy en día han establecido una brecha con los conocimientos ancestrales, desconociendo el uso de las plantas medicinales, las mismas que son bien manejadas por los ancianos. Por lo tanto, podríamos estar ante el mal uso de una planta”. En el mismo comunicado, el director General del CENSI demandó que “Corresponde al Estado y las autoridades locales formular políticas adecuadas para sancionar esta clase de actos que atentan contra la vida y el desarrollo de estas comunidades”.
Sin embargo, un aspecto que las autoridades locales y de salud no mencionan en primer término es el alto índice de contaminación en el Río Amazonas y sus afluentes debido a la indiscriminada e incontrolada actividad minera y petrolera en la zona, así como los altos índices de desnutrición que presentan los pobladores, especialmente los niños. Sugieren en sus declaraciones, que ha existido un mal uso de las plantas y exigen de las autoridades locales sanciones al respecto. Esto ha podido servir como estímulo a una antigua idea difundida entre las comunidades.
Para el antropólogo Aldo Fuentes Chacón, casado con una indígena shawi y autor del libro “Porque las piedras no mueren”, todo esto se debe a la ausencia del Estado. “En la zona ocurren epidemias por la falta de salud y cientos de niños mueren al año. Por ello la gente cree que las muertes son causadas por los shamanes en venganza. Tienen esa creencia ancestral que ha sido cultivada por siglos”, dijo.
Para Rosa Giove, médico cofundadora del Centro de Rehabilitación de Adicciones y de Investigación de Medicinas Tradicionales TAKIWASI ubicado en Tarapoto, el "curandero o brujo" es un personaje que en las comunidades pequeñas, y sobretodo en las indígenas, genera temor. “En las comunidades indígenas matar "brujos" es frecuente, por no decir habitual, pero en un contexto tribal, en donde antes de actuar generalmente es evaluado y advertido por la comunidad; o se lo elimina o se le expulsa. Pero, en este caso, son mestizos quienes lo están haciendo”. Así mismo sindica a las agrupaciones religiosas evangélicas como presuntos responsables, “Creo que es una decisión de alguien o algunos basado en el fanatismo religioso, el temor o la venganza, al menos en el caso de Balsapuerto donde aparentemente fueron sicarios contratados por un evangélico. En San Martín es la "Guardia Celestial" de los pentecostales que se atribuyen la extirpación de los "charlatanes" - término con el que también se refieren a algunos "falsos curanderos" en el código de ética del Colegio Médico”.
Algunos actores sociales, líderes comunitarios e investigadores señalan el problema en términos del viejo conflicto entre la sabiduría indígena, la religión y los intereses económicos y políticos, éstos últimos creados por las multinacionales farmacéuticas. Pizango Inuma, presidente de la Federación de las Comunidades Nativas Chayawitas (FECONACHA) afirma que “detrás de la muerte de los curanderos hay varias causas: intereses económicos, celos, etc. La gente culpa de la muerte de las personas a la brujería, las autoridades no quieren a los curanderos porque éstos tienen poder, sus recetas de plantas reemplazan a los medicamentos de las farmacias”. Rosa Giove no cree, sin embargo, que los asesinatos sean orquestados desde las transnacionales o el estado, pues para la especialista “los curanderos no amenazan a nadie desde el momento en que no existen para el sistema oficial y no tienen poder en los organismos del estado”.
Para Rumrrill existe “un mar de fondo en la muerte de los curanderos Shawis que hace recordar la extirpación de idolatrías de la época colonial cuando en nombre de la hispanización y la evagelización y bajo la acusación de idólatras fueron asesinados miles de sacerdotes y destruida la parafernalia del culto a la naturaleza”. En la lógica del extractivismo, del neoliberalismo a ultranza, de la modernidad del “perro del hortelano”, del materialismo capitalista, de la uniformización cultural planetaria, las cosmovisiones andino-amazónicas sobre la naturaleza, de las cuales los curanderos o shamanes son los intérpretes, son idolatrías que hay que extirpar y borrar”, añade Rumrrill.
En cualquier caso estas muertes significan la pérdida irreparable de un conocimiento ancestral y ponen en el tema de discusión actual la situación legal de los curanderos en el país, quienes no solo no son reconocidos como agentes populares de salud sino cuya actividad no se encuentra regulada en ninguna forma.
“Al fallecer cada curandero, además de la pérdida de vida humana, se pierden conocimientos y su experiencia en la práctica de la medicina tradicional. Muchos son los curanderos, parteras, sobadores que dejan de ejercer por la falta de estímulo y el acoso. Es necesario el esclarecimiento de estos hechos, la información a la población para evitar el oscurantismo y fanatismo que lleva a este tipo de crímenes y que no es nuevo, pues ha sido práctica corriente antaño. Son los mismos pobladores quienes “eliminan brujos”, pero al mismo tiempo esto está facilitado por la lentitud en investigar y castigar estos hechos, que van más allá de la delincuencia común pues se está perdiendo patrimonio intelectual, reserva cultural viva, que no es reconocida y menos protegida”, asegura por su parte Rosa Giove.
“En contraste con otros lugares en que se valora el saber tradicional, en nuestro país, con una medicina tradiconal tan rica, quienes detentan el conocimiento no son valorados ni protegidos, y hasta, como vemos, corre su integridad física”, añade Giove. “Las organizaciones que trabajamos en pro del rescate del saber tradicional y los derechos de pueblos indígenas deberíamos pronunciarnos y pedir protección para los curanderos, además de la revisión de la penalización de su ejercicio, como depositarios de los saberes medicinales ancestrales”.
Hasta la fecha, nadie ha sido condenado por estas muertes, pese a que existen testimonios que apuntan a los posibles autores intelectuales y ejecutores de estos crímenes. Según las respuestas dadas por fuentes policiales, judiciales y locales, esta impunidad parece deberse tanto a la dificultad del Estado peruano por alcanzar las zonas más alejadas del país como a la indiferencia por los sucesos en la selva, sin trascendencia política en Lima. El propio fiscal penal de la provincia de Alto Amazonas, Jorge Guzmán, reconoció ante los medios la lentitud del proceso de investigación, algo que achacó a “las carencias logísticas y las dificultades geográficas”.
Frente a esta situación, la reacción de las autoridades ha sido absolutamente ineficiente. No existe ningún proceso judicial que se encuentre abierto, y las investigaciones policiales no han superado más que la existencia de algunos atestados sin que ello sirva para poder alcanzar algún resultado en búsqueda de justicia. Las razones para la desidia con la que han sido manejados los casos son diversas. En primer lugar, el fiscal alega que la geografía y la distancia de los poblados donde han sucedido los crímenes, los cuales se encuentran a varias horas en río, dificultan las investigaciones. Pero dicha razón no es suficiente para explicar por qué el sistema judicial no está funcionado en absoluto.
Las comunidades Shawi se encuentran en circunstancias de extrema pobreza, marginación y discriminación, lo que motiva que los organismos del Estado no lleguen tanto por imposibilidad como por desinterés. Por último, es el propio tema, acusaciones de brujería, el cual al ser propio de la cultura tradicional amazónica pierde importancia e interés de las autoridades de la ciudad, que se encuentran más cerca de las concepciones occidentales de pensamiento.
Es por ello que ante la inacción del sistema judicial, es el Ministerio de Cultura el que ha alertado sobre estos actos. Una parte importante de la riqueza cultural del Perú la hace su propia gente con su diversidad cultural y étnica.
En nota de prensa difundida por el Ministerio de cultura el 3 de octubre de 2011, el viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, anunció el inicio de una investigación para esclarecer la muerte de estos curanderos shawi. Otta expresó la necesidad de que los procesos judiciales se activen para esclarecer esas muertes y hacer que los curanderos nativos sean reconocidos como parte del sistema de salud del Estado y gocen de protección de las autoridades, pues son portadores de los conocimientos tradicionales de las comunidades nativas. El viceministro explicó que muchas muertes son adjudicadas a los chamanes, pese a que existe una alta tasa de mortalidad en la zona, que obedece a la falta de la presencia del Estado para encarar las enfermedades que afectan a los pobladores.
Otta señaló que los nuevos gobernantes están planteando medidas para acercar el Estado a las comunidades alejadas a través de políticas de interculturalidad y llamó la atención de las autoridades locales y regionales para enfrentar estos problemas que ponen en riesgo la identidad de los pueblos indígenas.
La directora de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales, Grazia Ojeda, explicó que todas las denuncias están en proceso de investigación y que todavía no hay ninguna detención, motivo por el cual se decidió ir la zona para tomar interés por el tema.
Toda vida debe ser protegida. Por ello, no debería existir excusa para que crímenes tan crueles como los sucedidos queden impunes. Pero además, en el caso de los curanderos nos encontramos que con su posible exterminio no solo perderíamos valiosas vidas humanas, sino que perderíamos una parte importante de nuestra cultura y de nuestra identidad, junto con el conocimiento de cientos o miles de años que ha sido traspasado por generaciones y que hoy en día peligra.
