Un año más, una buena parte del equipo de ICEERS asistimos a la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) el pasado mes de marzo en la sede de la ONU en Viena. La CND es el órgano político dentro del sistema internacional de control de drogas, encargado de debatir y formular las directrices en este ámbito tanto para los Estados como para los organismos internacionales relevantes en las políticas de drogas a nivel global. Formada por 53 Estados, se reúne cada mes de marzo para discutir los temas más relevantes y negociar y aprobar resoluciones en la materia. No obstante, cualquier Estado miembro de Naciones Unidas puede asistir como observador, así como los representantes de la sociedad civil, cada vez más presentes y con una voz más determinante para influir en las decisiones de los gobiernos.
Como cada año, tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones realizadas en el Plenario (donde se reúnen las diferentes delegaciones gubernamentales, así como los representantes de organismos relevantes en materia de drogas, como la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) y de seguir con detenimiento las negociaciones de diferentes resoluciones en el Comité Plenario (este año sobre desarrollo alternativo, poblaciones vulnerables, o el estigma que recae sobre las personas que usan drogas, entre otros). Tuvimos el privilegio de copatrocinar un evento paralelo, así como de participar activamente en los diálogos informales entre las ONGs y los directivos de los organismos de control de drogas: la propia CND, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo, participamos en la Asamblea General del Vienna NGO Committee on Drugs, comité que aúna a las diferentes ONGs que realizamos incidencia en la CND.
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas
Junto con el gobierno de la República Checa, MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), Asociacione Luca Coscione, FAAT y Veteranos por el Acceso al Cannabis Medicinal, organizamos el evento paralelo titulado «El derecho a la ciencia y la libertad de investigación con sustancias fiscalizadas». En una sala muy llena y con muchos delegados gubernamentales entre el público, los panelistas presentaron los últimos avances científicos con sustancias controladas, y debatieron sobre las actuales barreras que dicha investigación enfrenta. Asimismo, también se debatió sobre el potencial terapéutico del cannabis, la MDMA, la psilocibina y la ibogaína como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, depresión y uso problemático de sustancias.
El doctor José Carlos Bouso, director científico de ICEERS, realizó una presentación sobre la investigación con plantas medicinales y la importancia de la investigación no basada exclusivamente en ensayos clínicos, que también tome en cuenta los estudios observacionales, así como el conocimiento ancestral de los contextos nativos indígenas. Las sinergias generadas por esta discusión sirvieron de base para enviar nuestras aportaciones al «Comentario general sobre el derecho a la investigación científica» que en la actualidad está realizando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También tuvo un impacto relevante nuestra participación en los diálogos informales con el presidente de la JIFE y los funcionarios de la UNODC. Nuestra compañera Natalia Rebollo preguntó al doctor Sumyai por qué las convenciones de control de drogas clasifican al cannabis como una sustancia peligrosa, cuando tal descripción se basa en prejuicios en lugar de evidencia científica. El doctor Sumyai, a pesar de describir la pregunta como «interesante», la evitó y omitió dar una respuesta, refiriéndose en cambio a los procesos técnicos del Comité de Expertos en Drogodependencias (ECDD) de la OMS. Natalia también puso entre las cuerdas a los altos funcionarios de la UNODC, preguntando sobre cómo los Estados pueden hacer frente a las contradicciones entre las obligaciones de los tratados de drogas y aquellas derivadas de los convenios de derechos humanos.
Un año más, regresamos a Barcelona de la Comisión de Estupefacientes con una sensación agridulce: con satisfacción por nuestra participación en CND, pero conscientes de lo mucho que queda por avanzar para conseguir unas políticas de drogas más humanas. Sentimos que la sociedad civil va ganando cada vez más espacios que hacen de CND un proceso más democrático y que rinde cuentas ante los y las ciudadanas. Seguiremos contribuyendo a estos avances hacia unas políticas de drogas basadas en la evidencia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.
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