ICEERS | 12 de julio de 2024
En los últimos días, los clubes sociales de cannabis (CSC) en Barcelona han enfrentado una serie de inspecciones administrativas que han resultado en sanciones económicas y, en algunos casos, órdenes de clausura. Esta situación, impulsada por el nuevo alcalde Jaume Collboni, del Partido Socialista de Catalunya, amenaza con desmantelar un modelo internacionalmente reconocido como una alternativa segura y responsable al mercado no regulado de cannabis.
Los CSC han operado en Barcelona desde hace más de veinte años, proporcionando espacios seguros para el consumo de cannabis y promoviendo un enfoque de salud pública. Las autoridades alegan irregularidades en licencias y actividades de los clubes. Esta medida se percibe como una estrategia política y no responde a una demanda social. No obstante, diversas entidades y profesionales advierten que, sin una regulación integral, la situación podría empeorar.
Desde ICEERS, hemos defendido constantemente la validez y los beneficios que reportan los clubes sociales de cannabis. En enero, presentamos una carta al Ayuntamiento de Barcelona, respaldada por 179 firmas de expertos y representantes de 53 países, abogando por la protección y regulación adecuada de estos clubes. Lamentablemente, nuestras propuestas no fueron consideradas, y la persecución administrativa continúa, en contraste con los avances acaecidos en otros países como Alemania, donde se ha abierto el primer CSC legal. Esta falta de respuesta y transparencia por parte del Ayuntamiento muestra una tendencia preocupante hacia políticas prohibicionistas que se han mostrado más problemáticas que resolutivas, y que generan más problemas que los que pretenden solucionar.
El panorama actual constituye el resultado de una combinación de factores estructurales y circunstanciales: represión policial y judicial, falta de apoyo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la entrada de actores comerciales, desmovilización de los bufetes de abogados, conflictos internos, presencia de mafias y liderazgo desgastado, todo lo cual ha sembrado desconfianza y desorganización en el tejido activista. En este contexto, el teniente alcalde de seguridad, Albert Batlle, podría poner en peligro una realidad que muchos consideraban establecida.
Un modelo pionero en el mundo
Mientras tanto, en países como Uruguay, Sudáfrica, Malta y Alemania, los clubes de cannabis están encontrando un marco legal favorable. La comunidad internacional interesada en la reforma de políticas de drogas se encuentra consternada ante la actuación del consistorio catalán. ICEERS sigue abogando por unas políticas de drogas que respeten los derechos de las personas consumidoras y que se asienten sobre la evidencia científica disponible. Sin embargo, la actual estrategia del Ayuntamiento de Barcelona avanza en la dirección contraria.
Desde ICEERS, hacemos un llamamiento al Ayuntamiento para que reconsidere su postura y se abra a la colaboración con organizaciones como la nuestra, que buscan promover un enfoque más justo y progresista en la regulación del cannabis. Resulta de vital importancia que se implementen medidas que aseguren la operatividad de los clubes sociales de cannabis y protejan los derechos de los usuarios, alineándose con las mejores prácticas internacionales y fomentando un modelo de salud pública y reducción de daños.
Óscar Parés, director adjunto de ICEERS, declara: «La situación es grave, podríamos decir que acaba de empezar la tormenta perfecta. Hay una combinación de factores estructurales y circunstanciales que presentan un complejo panorama».
«El primer CSC moderno de la ciudad abrió sus puertas allá en 2007, en el barrio de Sants (en realidad, el primogénito fue el CCCB, en 2001). A diecisiete años del inicio del activismo y del movimiento social de apoyo a los clubes, vivimos una cruel paradoja», añade Òscar.
Además, ICEERS resalta cómo los clubes cannábicos no sólo proporcionan un entorno seguro para las prácticas con cannabis, sino que también educan a sus miembros sobre el consumo responsable y reducen los riesgos asociados al mercado no regulado. El cierre de los clubes sociales de cannabis podría conducir a un aumento del consumo y venta de cannabis sin control, incrementando los riesgos asociados, como adulteraciones y falta de supervisión, lo cual agravaría los problemas de salud pública en lugar de resolverlos. Este escenario subraya la necesidad de un enfoque colaborativo entre las autoridades y los propios espacios de consumo. Tal colaboración ha demostrado resultar efectiva para establecer un modelo sostenible y respetuoso con los derechos humanos, que puede servir de ejemplo para otras ciudades en la creación de políticas públicas sobre cannabis.
Barcelona, reconocida en el ámbito mundial como cuna de un modelo ejemplar de regulación del cannabis, está sirviendo de referencia global para el establecimiento de vías administrativas que prioricen el derecho a la vida. Mantener y fortalecer esta colaboración resulta esencial para asegurar que la ciudad continúe como líder en política de drogas, con un enfoque innovador y humano hacia la regulación del cannabis. El fracaso en proteger este modelo podría tener consecuencias irreparables, retrocediendo décadas en avances sociales y de salud pública.
Foto de levilo – Leandre en Flickr.
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