Ciencia y derechos económicos, sociales y culturales: ¿qué lugar ocupan las plantas maestras en el marco de la libertad de investigación y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico?
Uno de los pilares del enfoque de ICEERS es promover la armonización y la aplicación de políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la evidencia y la participación de la comunidad, prestando especial atención a los desafíos que surgen de la globalización del uso de plantas tradicionales, como la ayahuasca, la hoja de coca, la iboga, el peyote y el cannabis. Una de nuestras principales estrategias consiste en generar pruebas científicas y educar sobre los efectos, riesgos y posibles beneficios de las plantas psicoactivas utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas. En ICEERS, la ciencia y los derechos humanos se unen para destacar la importancia de la eventual integración de la ciencia convencional con el conocimiento ancestral, nativo y autóctono de los poseedores del conocimiento tradicional de otros sistemas culturales.
Dentro de esta agenda, hemos trazado un camino para colaborar con diversos organismos internacionales a fin de plantear la importancia de la intersección del derecho a la ciencia contemplado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en todas sus dimensiones («el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de la indispensable libertad de investigación científica»), así como la intersección con otros derechos, se integren en las epistemologías que conforman las políticas de drogas y el impacto que la ciencia (o la ausencia de ella) ha tenido en el discurso sobre estas políticas.
A su vez, paralelamente, hemos construido alianzas con otras organizaciones, como MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) y Asociacione Luca Coscione, para trasladar a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), con sede en Viena, la importancia del derecho a la ciencia y la libertad de investigación con sustancias fiscalizadas (aquí puedes leer más).
Plantas maestras y libertad de investigación
Recientemente, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano de las Naciones Unidas que es el máximo intérprete del PIDESC y que supervisa la aplicación por parte de sus Estados miembros) ha emitido su Observación General número 25 sobre «Ciencia y derechos económicos, sociales y culturales». Con anterioridad a su publicación, el Comité abrió un proceso consultivo con diferentes miembros de la sociedad civil, ONGs, Estados participantes, personas dedicadas a la investigación y demás instituciones que trabajan en este campo, para que enviaran al Comité sus contribuciones. De este modo, el organismo podría interpretar e incorporar el contenido esencial de este derecho basándose en la experiencia de otros actores internacionales. Aquí puedes leer las contribuciones que enviamos desde ICEERS.
Esta Observación General resulta relevante para el ámbito de las políticas de drogas, pues en los últimos años hemos visto que es a través de diversos organismos de derechos humanos (con sede en Ginebra) el modo en que se ha adoptado una acepción más sensata y holística de las políticas de drogas que dictaminan aquellos organismos con sede en Viena. No obstante, resulta importante compartir que, en su Informe Anual del año 2019, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reconoció que «si las medidas contra las drogas adoptadas por los Estados violan las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, también violan los tratados de fiscalización internacional de drogas». La anterior es una de las interpretaciones y concesiones más progresistas que se ha visto por parte de la JIFE, pues en el mismo informe ha reafirmado que los Estados deben adoptar políticas que respeten los derechos humanos y protejan la salud de la humanidad.
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