Oportunidad histórica para reconciliar la colonización jurídica en México

Natalia Rebollo y Jesús Alonso Olamendi | 25 de enero de 2023

El 8 de marzo de 2022 fue arrestada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México una persona indígena perteneciente a la comunidad murui-huitoto, Colombia, por importar ayahuasca en México. Al día siguiente, caía arrestada otra persona indígena de la tribu shipibo-konibo de la Amazonía peruana. Desde entonces, se ha suscitado una ola de arrestos de personas por el transporte de medicinas ancestrales, acusadas del delito de introducción de estupefacientes al país, el cual implica una pena privativa de libertad que va de ocho a veinticinco años en prisión. Semanas después, fueron arrestadas dos mujeres mexicanas acusadas por el mismo delito, e ingresadas en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. A las pocas semanas, otra persona indígena de la tribu noke koi del estado de Acre, Brasil, fue arrestada junto con dos hombres de nacionalidad mexicana. Finalmente, en septiembre una persona indígena de la tribu ashaninka sería arrestada por las autoridades mexicanas al ingresar al país. Hasta el momento, ocho personas han sido arrestadas en los últimos meses por la supuesta introducción de estupefacientes al país.

Es importante mencionar que la ayahuasca no es una sustancia fiscalizada bajo la Ley General de Salud mexicana, ni bajo los tratados internacionales de control de drogas. Incluso en Perú es considerada Patrimonio Cultural de la Nación; en Colombia se encuentra protegida por la misma Constitución para el uso de los pueblos indígenas, y en Brasil su uso se encuentra permitido y protegido con fines religiosos.

Sin embargo, la confusión legal que ha dado pie a una serie de violaciones a los derechos humanos y al principio de legalidad, ocurre dada la presencia de N,N-dimetiltriptamina (DMT), que se encuentra de manera natural en la ayahuasca. No obstante, la DMT de origen vegetal no se halla fiscalizada bajo el sistema internacional de control de drogas de las Naciones Unidas, compuesto por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, los cuales han sido firmados y ratificados por México.

En esta misma línea, y de acuerdo con el Informe Anual del año 2010, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —órgano cuasi judicial encargado del cumplimiento e interpretación de los tratados de Naciones Unidas sobre control de drogas— estableció que: «De conformidad con la Convención de 1961 y de esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972, las plantas que son fuente de estupefacientes, como la de cannabis, la adormidera y el arbusto de coca, están sometidas a medidas de fiscalización específicas. En cambio, aunque algunos ingredientes activos con efectos estimulantes o alucinógenos contenidos en ciertas plantas están sometidos a fiscalización en virtud del Convenio de 1971, actualmente no hay ninguna planta fiscalizada de conformidad con ese Convenio ni con la Convención de 1988. Tampoco los preparados (por ejemplo, las decocciones para consumo oral) elaborados a partir de plantas que contienen esos ingredientes activos son objeto de fiscalización internacional».

De igual manera, la JIFE reiteró este criterio en su Informe Anual del año 2012: «En la actualidad no hay ninguna planta, ni siquiera las que contienen ingredientes psicoactivos, que esté sujeta a fiscalización con arreglo al Convenio de 1971, aunque en algunos casos los ingredientes activos que contienen pueden estar sometidos a fiscalización internacional. Por ejemplo, la catina y la DMT son sustancias psicotrópicas incluidas en la Lista I del Convenio de 1971, en tanto que las plantas y los preparados de origen vegetal que las contienen, a saber, el khat y la ayahuasca, respectivamente, no están sujetos a restricción ni medida de fiscalización alguna». La JIFE ha confirmado que las únicas tres plantas consideradas ilícitas en el ámbito internacional son el cannabis, la adormidera de opio y la hoja de coca.

Por su lado, en el contexto nacional, el artículo 245 de la Ley General de Salud mexicana, se encuentran contenidos cinco grandes grupos que clasifican las sustancias psicotrópicas en relación a las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias. En ninguna de estas listas se encuentran recogidas ni la Banisteriopsis caapi ni la Psychotria viridis. En contraste, en la lista IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, se encuentra fiscalizada la Lophophora williamsii (peyote o hikuri) y los hongos psilocíbicos en todas sus variedades. Sin embargo, en dichas listas, no se encuentran previstas ninguna de las plantas que integran la ayahuasca, por lo que su consideración como sustancia ilícita implicaría la violación del principio de legalidad. Es importante mencionar que la DMT es una sustancia, producida de manera endógena por el cuerpo humano, que actúa como neurotransmisor relacionado con las visiones de los sueños e incluso con la percepción sensorial ordinaria y que se encuentra presente de manera natural en el reino vegetal y animal. Por lo anterior, es inexacto considerar que el Código Penal federal mexicano contempla la DMT natural como sustancia fiscalizada.

En este sentido, la propia JIFE ha reiterado que además de las únicas tres plantas consideradas bajo control, los demás componentes contenidos en los tratados internacionales sobre control de drogas responden únicamente a sus versiones sintetizadas o químicas. La DMT de origen natural se encuentra presente también en el reino vegetal, como en naranjas, mandarinas y diversos árboles endémicos de México, como el tepezcohuite.

Actualmente, existen únicamente cuatro países en donde el uso de la ayahuasca es considerado ilegal. En Francia e Italia, es ilegal pues fueron incluidas explícitamente la Banisteriopsis caapi y la Psychotria viridis en su legislación sobre drogas. En Holanda, la Suprema Corte decidió limitar el ejercicio de la libertad religiosa al restringir el uso de la ayahuasca. Por su parte, Rusia también incluyó explícitamente la B. caapi en su lista de sustancias ilícitas.

En las próximas semanas, ICEERS participará de manera activa en el primer juicio relacionado con ayahuasca en México, en calidad de peritos tanto por la parte científica como legal. El objetivo es demostrar la diferencia legal y farmacológica entre la ayahuasca y la DMT: tal y como demuestra la evidencia científica disponible, la ayahuasca no es una sustancia que cause un grave daño a la salud pública. Por último, ésta no constituye una sustancia fiscalizada en el derecho mexicano.

Además, ICEERS ha entablado diálogos con el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación con el objetivo de brindarles información sobre los casos y garantizar condiciones adecuadas para las ocho personas que permanecen en prisión. También se han realizado gestiones con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en México para que vigile y apoye los casos que involucran integrantes de pueblos indígenas. Estas acciones se han acompañado de acercamientos con otras áreas de gobierno e integrantes del Congreso mexicano para exponerles la situación de la ayahuasca en México y en el contexto internacional.

Desde el Ayahuasca Defense Fund (ADF) de ICEERS, se ha acompañado a todas las personas que se encuentran enfrentando un proceso penal en México por ayahuasca y continuaremos brindando apoyo a los equipos legales en la construcción y fortalecimiento de la defensa de estas personas y mediante el acercamiento con todas las autoridades que lo permitan. Esperamos que la justicia mexicana opere en favor de la razón y los derechos humanos.

Estrategias proactivas en el Senado mexicano

A la par de lo que acontece en el plano legal, el equipo del ADF ha colaborado con la senadora mexicana Alejandra Lagunes en sus esfuerzos por encontrar una ruta hacia la regulación de los hongos que contienen psilocibina. La finalidad es abordar este proceso desde una perspectiva que honre y reconozca la resistencia de los pueblos indígenas mexicanos por preservar sus conocimientos ancestrales y su relación con las plantas y hongos. Durante este tiempo, el equipo de ICEERS ha participado en los foros organizados en el Senado sobre la materia y ha colaborado en la redacción de la propuesta de ley, en la cual se ha consultado con líderes de la nación mazateca.

Gracias a esta relación de colaboración, ICEERS co-organiza los días 24 y 25 de enero el Foro Intercultural de Medicina Enteógena, que tendrá lugar en el Senado de México y que contará con la participación de liderazgos indígenas de las comunidades yaqui, mazateca y noke koi de Brasil. El objetivo es que, mediante la interculturalidad y la multidisciplinariedad, se aborde la riqueza que rodea el uso ancestral de plantas y hongos con propiedades psicoactivas, y que son fundamentales para las cosmovisiones indígenas en México y en la región latinoamericana.

Ante este escenario, y dado que ocho personas permanecen en prisión en México por el uso de plantas ancestrales —cuatro de ellas, indígenas—, dicho foro se presenta como una oportunidad para instaurar un diálogo enfocado en proteger y conservar los enteógenos de origen natural, así como los conocimientos ancestrales que los rodean, en la legislación mexicana.

México se encuentra frente a una oportunidad histórica de revertir situaciones del pasado que han generado una colonización jurídica al ubicar a los hongos como prohibidos, excediendo los contenidos de los propios tratados internacionales de fiscalización de sustancias, pese a la larga cultura y tradición que resguardan pueblos indígenas mexicanos.

Estos avances en el ámbito normativo contrastan con la persecución que vive la ayahuasca, y la violación a los derechos de aquellas personas que esperan en prisión a ser escuchadas en juicio.

Para ICEERS, la reconciliación de estas dos posturas y la creación de un nuevo entendimiento sobre la legalidad y beneficios de estas plantas y hongos representa una parte esencial de nuestra misión.