Un nuevo informe de ICEERS analiza los principales casos judiciales
ICEERS | 20 de julio de 2022
Una planta venerada, con larga importancia cultural en Sudamérica, ha sido reducida a la categoría de «droga peligrosa», con severas ramificaciones legales en la mayoría de los países.
En los últimos años, el Ayahuasca Defense Fund de ICEERS ha recibido varias solicitudes para prestar apoyo legal en juicios relacionados con la hoja de coca. Como resultado, ICEERS y el Transnational Institute han desarrollado estrategias de defensa centradas en tres elementos: los derechos humanos, la revisión de las pruebas toxicológicas realizadas y la impugnación de la prohibición internacional de la hoja de coca bajo el pretexto de su «toxicidad». Estos esfuerzos promueven el contexto cultural de las plantas tradicionales, apoyan estos derechos en los tribunales y replantean la forma en que la coca y otras plantas son consideradas ante la ley.
Un nuevo informe, «La hoja de coca en los tribunales: entre los derechos culturales y el laberinto toxicológico», publicado por Constanza Sánchez, el doctor José Carlos Bouso, Pien Metaal y Roberto Castro, pone de manifiesto la preocupación por la forma en que se abordan los casos de coca en España y el precedente que establece en otras partes del mundo.1
La hoja de coca en los tribunales: patrones emergentes
En el centro de la perspectiva internacional sobre la coca subyace una cuestión fundamental (explorada en artículos anteriores): ¿cómo podemos abordar el uso tradicional de las plantas psicoactivas fuera de sus contextos tradicionales? La respuesta del Gobierno tiende a seguir el camino clásico de la criminalización. Sin embargo, la prohibición viene acompañada de muchas lagunas, como la primacía de los derechos humanos sobre las normas de control de drogas.
La prohibición de la coca pone en tela de juicio el alcance del derecho internacional, ya que la planta es legal en algunos países pero está prohibida en muchas otras partes del mundo. La coca ha desempeñado un papel importante en la cultura andina, donde ha fomentado las relaciones sociales y ha constituido una importante fuente de nutrientes desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, las comunidades que mantienen una relación histórica con la coca no han podido ejercer su derecho básico a desarrollar sus prácticas culturales cuando residen fuera del lugar de origen de la planta.1
La implicación de ICEERS en los casos de hoja de coca comenzó en 2015, cuando un ciudadano colombiano residente en España recibió un paquete que contenía mambe (un preparado a base de hojas de coca procedente de Colombia). El informe de la aduana del aeropuerto señalaba que se había detectado cocaína y otras sustancias mediante análisis. No proporcionó información sobre el método de análisis que se utilizó para llegar a esta conclusión ni el porcentaje de cocaína presente en la muestra. El acusado fue detenido por un «delito de contrabando y riesgo para la salud pública».1
Los fiscales sacaron sus conclusiones basándose en el precio de mercado del clorhidrato de cocaína, que es el polvo blanco aislado que se inhala por vía nasal. El mambe, en cambio, consiste en un preparado de hoja de coca tostada o molida mezclada con cenizas de plantas autóctonas colombianas o conchas marinas en polvo. La mezcla se coloca en el interior de la mejilla. En ningún caso se esnifa el mambe.
El abogado del acusado apeló a que los tribunales se basaban en el peso del mambe como si fuera cocaína, y al error de equipararlo con el límite de 7,5 gramos para «uso personal». La defensa señaló los errores con los informes toxicológicos e indicó que la hoja de coca es respetada y tolerada en Colombia. Tras una larga serie de procedimientos judiciales, se retiraron los cargos. La mayoría de los casos relacionados con la hoja de coca acaban en condena (después de que la fiscalía recurra ante el Tribunal Supremo), aunque reciben una pena inferior a dos años sin ingreso en prisión. Sin embargo, no todos obtienen el mismo resultado.
Desde enero de 2020 se han producido cuatro procesos judiciales relacionados con la hoja de coca en España. Todos estos escenarios seguían un patrón similar que implicaba a migrantes andinos que llevaban un tiempo viviendo en España. Las personas fueron detenidas tras su llegada a un aeropuerto español, donde los funcionarios decomisaron pequeñas cantidades de hojas de coca (entre dos y cuatro kilogramos). Comienzan los cargos penales, en los que el Ministerio Fiscal solicita de cuatro a cinco años de cárcel con elevadas multas.1 La situación de la hoja de coca en los tribunales refleja importantes asuntos que resolver en las leyes actuales sobre medicina vegetal y cómo se perciben las drogas en la sociedad.
El asunto de las mediciones en medio de un laberinto toxicológico
En la actualidad, tres sentencias del Tribunal Supremo han otorgado a los acusados una pena de seis meses de prisión por hoja de coca. Esto se considera un «delito menor». En todos estos casos, el Tribunal Supremo no aceptó que la hoja de coca fuera para uso personal. En cambio, decidieron que existía el riesgo de que el material vegetal se distribuyera a terceros. Esta decisión resulta especialmente problemática porque estos casos fueron llevados a los tribunales a pesar de que el uso personal de cualquier droga no constituye un delito en España.2
También hay que tener en cuenta que la cantidad de cocaína, o de cualquier otro componente, no es la misma en todas las plantas de coca. Como ocurre con cualquier sustancia botánica, la concentración de sus componentes varía en función de multitud de factores. La concentración de cocaína en las plantas de coca puede variar en función de las condiciones de cultivo o la estación del año, así como las técnicas de recolección y almacenamiento.1 Sin embargo, las muestras de hoja de coca confiscadas de las que informan las fuerzas del orden y los tribunales muestran concentraciones relativamente homogéneas en los resultados de las pruebas toxicológicas. Esto es inconsistente con la literatura científica, que sustenta la amplia variación en la concentración de cocaína para la hoja de coca.1 (Este asunto se analiza en profundidad en el informe de ICEERS).
Las medidas de equivalencia de la cocaína utilizadas por los tribunales no son técnica ni farmacológicamente aplicables al mambe. Cualquier intento de establecer dicha equivalencia resulta erróneo. Los métodos y técnicas para cuantificar la cocaína en la hoja de coca son, en el mejor de los casos, defectuosos y conducen a procesos judiciales injustos en los que se ve involucrada esta medicina tradicional. Este hecho resulta preocupante, ya que estos análisis a menudo determinan si una persona es procesada, la duración de su condena o el importe de la multa.
Reformulando perspectivas injustas sobre la hoja de coca
La hoja de coca no puede equipararse a la cocaína. La fiscalización de la hoja de coca tiene su origen en un conjunto de factores históricos y políticos que no resultan compatibles con los valores modernos de la comunidad internacional. El informe de ICEERS destaca el exceso de celo con el que las fuerzas del orden y los tribunales persiguen a las personas que transportan cantidades relativamente pequeñas de hoja de coca. No existe ni una sola prueba científica que demuestre que la hoja de coca resulte perjudicial para la salud pública. De hecho, presenta muchos beneficios terapéuticos.1
Existe una gran necesidad de replantear la visión de la coca en la sociedad mundial. Los recursos que implican los juicios por drogas, incluyendo el tiempo que dedica la policía, el análisis de las sustancias y los procesos judiciales, no compensan el daño que pretenden evitar. La hoja de coca no se somete a control por su peligrosidad, sino por razones sociopolíticas derivadas de un informe de 1950 que se utilizó para justificar la prohibición de la coca y que aparece plagado de referencias racistas y coloniales. Esta perspectiva arcaica no concuerda con los cánones actuales de la evidencia científica y los derechos humanos.
La misión de las autoridades policiales y judiciales debería responder al bien público en lugar de acusar injustamente a quienes históricamente han consumido coca como parte de sus prácticas culturales. Estas acciones se apoyan en leyes obsoletas que obstruyen la justicia social y violan los derechos humanos. Los modos actuales de actuar frente a los casos de coca sacan a relucir los amplios defectos de los informes toxicológicos utilizados por las fuerzas del orden y el sistema judicial.
La respuesta política al uso tradicional de la coca fuera de la región andina debe centrarse en una mentalidad basada en los derechos humanos en lugar de enfocarse en la criminalización. El nuevo informe de ICEERS sobre la coca aborda nuestra experiencia defendiendo los procesos relacionados con esta planta en España y explica los aspectos fallidos que dificultan la realización de procedimientos judiciales justos.
En un mundo de migraciones e intercambios culturales, sería más constructivo que la sociedad tuviera en cuenta los beneficios de las plantas tradicionales.
Lee el informe completo a continuación.
Más información
• La hoja de coca viaja de la Amazonia andina a los tribunales europeos
• El papel de las medicinas tradicionales en la salud mental global
• Ayahuasca Defense Fund. Programa de ICEERS dedicado a abordar los desafíos que presenta la creciente criminalización de las prácticas con ayahuasca y otras plantas maestras.
Bibliografía
1. Bouso, J. C., Sánchez, C., Castro, R., y Metaal, P. (2022). La hoja de coca en los tribunales: entre los derechos culturales y el laberinto toxicológico. International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS).
2. Sánchez, C., y Collins, M. Más vale pedir perdón que pedir permiso: El enfoque subnacional de las políticas de drogas en España.
3. Social, C. E. (1950). Informe de la Comisión de Estudio de las hojas de la Coca. Nueva York: Informe de la ONU, 13-175.
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